ASCENSO Y DESCENSO DE LA HUELGA NACIONAL
MINERA DE 1976
El primero de mayo de 1976, un mes antes de la violenta
intervención militar a las minas, se realizó el XVI Congreso Nacional Minero en
la población de Corocoro del departamento de La Paz. El significativo evento,
que marcó un hito en la historia del movimiento obrero boliviano, no sólo tuvo
la importancia de ratificar las tesis socialistas de la Central Obrera
Boliviana (COB) y reelegir a los dirigentes históricos de la Federación
Sindical de Trabajadores de Bolivia (FSTMB), sino también de reflejar el
ascenso revolucionario de los mineros y los sectores empobrecidos del país,
que, a pesar de encontrarse asolados bajo las bayonetas de la dictadura militar
de Hugo Banzer Suárez, fiel sirviente de los consorcios imperialistas, luchaban
en afán de conquistar sus reivindicaciones más elementales y replantearse su
misión de sepultureros del sistema de explotación capitalista.
La resistencia de los movimientos populares contra la
dictadura tuvo sus primeros brotes de protesta desde el momento en que el
gorilismo, mediante un golpe de Estado, desplazó del poder al gobierno
progresista de Juan José Torres, el 21 de agosto de 1971, que dejó decenas de
muertos y heridos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Inmediatamente después, el nuevo régimen arremetió
brutalmente contra los partidos de izquierda, los sindicatos obreros, las
organizaciones campesinas, estudiantiles y otras, obligándolos a someterse a la
dura vida clandestina. Sin embargo, a los pocos meses de la asonada militar, el
pueblo, a la vanguardia de los indómitos mineros, volvió a reorganizarse en
sindicatos y comités de base, con la intención de ganar las calles y poner en
marcha sus reivindicaciones inmediatas, aunque, de cuando en cuando, en el seno
de los movimientos populares se generaban actitudes espontáneas de violencia,
expresando su más airado repudio contra el gorilismo encaramado en el poder.
De modo que el gobierno, debido a la tensa situación
política que vivía el país y a la crisis latente en el interior de las Fuerzas
Armadas, no tuvo más alternativa que aplicar medidas antiobreras y
antinacionales. Así fue que en noviembre de 1974, los decretos tenían el
propósito de justificar la sañuda persecución desencadenada contra los
opositores políticos de la dictadura militar. Las organizaciones políticas y
sindicales fueron declaradas en receso, en tanto la ciudadanía fue sometida al Servicio Civil Obligatorio, cuya
estrategia consistía en imponer a dirigentes oficialistas bajo el marbete de coordinadores y desconocer a las
auténticas direcciones sindicales, arguyendo que éstas estaban manejadas por elementos agitadores y extremistas.
El pueblo boliviano y la clase obrera, a pesar de todo,
resistieron heroicamente los rudos golpes asestados por el gorilismo, ya que,
al poco tiempo de ser arrasadas sus direcciones políticas y sindicales, se
vieron obligados a desarrollar un trabajo de hormigas en procura de
reestructurar sus legítimas organizaciones de clase, que venían planteando,
desde la aprobación de la Tesis de
Pulacayo en 1946, la necesidad de
mantener en toda circunstancia la independencia de clase ideológica, política y
organizativa; lo que implicaba que la clase obrera no podía subordinarse a la
ideología ni dirección de las otras clases sociales, debido a que el
proletariado nacional tenía la facultad de cumplir con sus tareas históricas y
convertirse en el caudillo de la revolución socialista.
Por otro lado, el brutal asesinato del ex presidente
Gral. Juan José Torres en Buenos Aires, Argentina, precipitó los
acontecimientos. La población boliviana responsabilizó de este crimen al
régimen militar que, por entonces, estaba trabajando en coordinación con el
resto de las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina. En Bolivia se
realizaron manifestaciones de protesta y
se pidió la repatriación de sus restos en medio de un descontento popular que
crecía como la espuma.
En ese contexto, el XVI Congreso Nacional Minero,
realizado en la población de Corocoro los primeros días de mayo, y la posterior
huelga general indefinida, que se desarrolló en las jornadas de junio de 1976,
fue la máxima expresión del alto grado de conciencia política alcanzada no sólo
por los sectores de la minería nacionalizada, sino también por los sectores
empobrecidos del campo y las ciudades.
Las demandas y la arremetida militar
Los trabajadores, reunidos en el XVI Congreso Minero de
Corocoro, amenazaron al gobierno con una huelga general si no se aumentaba los
salarios en el lapso de un mes. Además, exigieron una amnistía general e
irrestricta para los presos y exiliados, rechazaron todo tipo de control de las
organizaciones sindicales y demandaron que las Fuerzas Armadas desmilitaricen
los centros mineros; de lo contrario, en caso de no ser atendidas las demandas
salariales y el respeto a las libertades democráticas, la clase obrera
iniciaría una huelga general indefinida a nivel nacional.
Los Comités de Base, creados en oposición a los coordinadores elegidos por el gobierno,
se encargaron de orientar a los trabajadores en su lucha antifascista; es
decir, los elementos políticos más radicalizados se pusieron a la vanguardia
para hacer cumplir las demandas socioeconómicas que fueron aprobadas en el XVI
Congreso Minero de Corocoro, como el aumento de salarios con escala móvil;
rebaja de la jornada a 6 horas; constitución de una Federación Nacional de
Comités de Amas de Casa; apoyo al campesinado y a los universitarios en sus
reivindicaciones; vigencia de la COB y del fuero sindical, liberación de los
presos políticos y retorno de los exiliados.
El gobierno fascista, lejos de atender las demandas de
los trabajadores, contraatacó brutalmente. Así fue que el 9 de junio de 1976,
las tropas del ejército asaltaron los locales de la FSTMB, donde fueron
detenidos los dirigentes y, en algunos casos, fueron inmediatamente exiliados a
Chile; los principales campamentos mineros fueron ocupados militarmente y se
declaró el estado de sitio en todo el
país, que prohibía los congresos, ampliados y las reuniones
político-sindicales.
Tras la ocupación militar, en los centros mineros de
Siglo XX y Catavi se declaró una huelga general indefinida y los dirigentes se
refugiaron en el interior de la mina, mientras los uniformados rastrillan los
campamentos. Los ocupantes, a través de las radioemisoras intervenidas,
amenazaron con cerrar las pulperías, cortar la electricidad y el suministro de
agua.
En el distrito de Siglo XX, en una asamblea de emergencia
realizada en la bocamina, se decidió iniciar la huelga general indefinida,
según lo acordado en la XVI Congreso Minero de Corocoro y, consiguientemente,
se acordó plantear, frente a la sorpresiva ocupación militar de la región, las
siguientes demandas: 1) Desalojo de las tropas del ejército de todos los
centros mineros. 2) Vigencia de las organizaciones sindicales y devolución de
las radios. 3) Inamovilidad de todos los trabajadores de su fuente de trabajo.
4) Libertad de todos los dirigentes y obreros de base detenidos. 5) Aumento de
salarios con escala móvil.
En pocos días, la huelga se extendió hacia otras minas
nacionalizadas y privadas (incluidas las cooperativas), las fábricas y
universidades, mientras en los campamentos se intensificó la represión,
multiplicando los rastrillajes y los arrestos de los dirigentes de base, al mismo
tiempo que los campesinos oficialistas
del norte de Potosí amenazaron con atacar a los mineros, en coordinación con
los rompehuelgas y la policía femenina, que puso en su mira el accionar del
Comité de Amas de Casa.
El Decreto Supremo del 14 de junio
El gobierno dictatorial, no sabiendo cómo frenar el
movimiento huelguístico timoneado por los mineros, se apresuró en lanzar un
Decreto Supremo el 14 de Junio de 1976, declarando Zonas Militares a todos los distritos donde se encontraban ubicadas
las empresas y establecimientos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL),
considerando: que, dirigentes mineros
extremistas de las empresas dependientes de la Corporación Minera de Bolivia y
otros elementos disociadores, obedeciendo consignas foráneas, han creado en el
país un ambiente subversivo y de agitación, promoviendo y realizando paros en
diferentes minas e incitando o distintos sectores laborales a la huelga general
con fines inconfundiblemente políticos; que, es necesario velar por la
seguridad de los pobladores en los diferentes centros de la minería
nacionalizada; que, es deber del Supremo Gobierno precautelar los bienes de la
Corporación Minera de Bolivia, para evitar daños o destrucción de los mismos,
ya que constituyen parte del patrimonio del Estado y del pueblo boliviano.
Por lo tanto, en el Consejo de Ministros, se aprobaron
los siguientes artículos:
ARTÍCULO 1.- Declárase zonas militares aquellas en las que se encuentran
ubicadas las empresas y los establecimientos de la Corporación Minera de
Bolivia.
ARTÍCULO 2.- El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Nación,
designará a los Comandantes de Zona, fijándoles su Jurisdicción y atribuciones.
ARTÍCULO 3.- Las personas que en las zonas militares declaradas incurrieren
en cualquiera de los hechos que a continuación se señalan, quedarán sometidas a
la Jurisdicción y a las disposiciones del Código Penal Militar:
1).-Posesión de armas de fuego sin la autorización legal correspondiente.
2).-Empleo de armas de fuego, explosivos, armas blancas, o medios para
intimidar, atentar o cometer actos delictivos contra la vida y seguridad de los
miembros de las Instituciones encargadas del mantenimiento del orden.
3).-Los que inciten, organicen o formen parte de grupos que atenten o
traten de enfrentarse a los miembros de unidades o tropas regulares del orden,
o que impidieren el cumplimiento de sus misiones.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Minería y Metalurgia,
del Interior, Migración y Justicia y de Defensa Nacional, quedan encargados del
cumplimiento y ejecución del presente Decreto Supremo.
Sin embargo, a pasar del Decreto Supremo, los
trabajadores y el pueblo en general no se dejaron amedrentar y prosiguieron la
lucha de resistencia antifascista. La huelga nacional indefinida, que fue la
más larga en la historia del movimiento obrero boliviano, sirvió como un
catalizador para medir la correlación de fuerzas entre el gobierno y el pueblo;
es más, sirvió también para superar los errores que, algunas veces con mayores
o menores aciertos, se cometieron en el seno de la clase obrera, como la falta
de condiciones objetivas concretas, calibradas de acuerdo a la correlación de
fuerzas existentes entre el grado de organización de los mineros y la capacidad
represiva del régimen dictatorial; la mala coordinación de las direcciones
sindicales con sus bases en huelga; la falta de mayor planificación; la falta
de precaución ante la arremetida fascista, la falta de provisión de alimentos
para los huelguistas y sus familias; y la ausencia de fuentes fidedignas de
información entre los huelguistas que, acéptese o no, fueron algunos de los
factores que no se previnieron en las organizaciones sindicales, hasta el día
de la intervención militar a los centros mineros, aunque se abrigaban las
esperanzas de que, al calor de la lucha de resistencia, surgieran de manera
espontánea y sobre la marcha; cosa que no sucedió, como se tenía pensado, en el
terreno de los acontecimientos concretos.
Asimismo, fue notoria la falta de condiciones subjetivas,
que garantizaran el buen curso de la ola huelguística; es decir, que en el
momento en que la clase obrera pasó a la resistencia contra la arremetida
militar no existía la presencia de una dirección sindical fortalecida, que
sirviera como timón en el rumbo de los acontecimientos. Por lo tanto, no
existía una dirección capaz de movilizar a los obreros hacia la conquista de
las reivindicaciones inmediatas, que se condensaban en los siguientes
planteamientos: retiro inmediato de las tropas militares acantonadas en los
distritos mineros, devolución de las radioemisoras ocupadas, libertad
incondicional de los dirigente de la FSTMB y otros detenidos durante la huelga,
aumento general de sueldos y salarios, repatriación de los restos del general
Juan José Torres, asesinado en Buenos Aires, y el respeto a las libertades
democráticas. Tampoco existía una organización política de izquierda capaz de
dirigir al torrente popular, acaudillado por el proletariado, hacia la toma del
poder y la conquista del socialismo, misión que históricamente debe cumplir el
proletariado, independiente de los partidos oligárquicos y pro-imperialistas
que, a su turno, demostraron incapacidad para cumplir las tareas
democrática-burguesas.
Los errores y la derrota
El movimiento huelguístico de los mineros, sin resquicios
para la duda, fue el combate más largo y frenético sostenido contra los
opresores de ayer y de siempre. Para los revolucionarios de avanzada, el inicio
y desenlace de la huelga, constituyó una gran experiencia de lucha no sólo
porque tuvo la capacidad de unificar a la clase obrera, sino también a otros
sectores populares, como los fabriles, campesinos, universitarios, amas de casa
y estudiantes de secundaria, que acompañaron el incontenible ascenso
revolucionario de los mineros.
De otro lado, se advirtió que la huelga podía culminar en
una derrota, debido a que no se habían preparado las condiciones necesarias
para alcanzar el triunfo. Ya se sabe que la coyuntura política fue favorable para
la huelga, aunque no fue debidamente aprovechada por la dirección sindical, por
cuanto la arremetida obrera no logró tumbar al gorilismo, sino que, por el
contrario, demostró que no poseía la fuerza necesaria para materializar este
objetivo tan acariciado. Esto se debió, en gran medida, a que ni los
representantes mineros, ni fraternos, hicieron notar, en las sesiones del XVI
Congreso realizado en Corocoro, la necesidad de organizar, a la brevedad
posible, tanto un Comité Nacional de Huelga como los comités clandestinos.
Nadie advirtió que, en el lapso de tiempo que se le
concedió al gobierno para que respondiera al pliego de peticiones, era
demasiado larga y que, en cualquier momento, la dictadura militar, con uno u
otro pretexto, podía movilizar a sus fuerzas de seguridad y ocupar los
distritos mineros, con el objetivo de frenar la huelga que se venía preparando sin precauciones ni celeridad.
Culminada la huelga, las minas permanecieron bajo el
control de las Fuerzas Armadas, centenas de mineros fueron retirados de sus
fuentes de trabajo y la dirección de la FSTMB se encontraba en la
clandestinidad. Los representantes de los mineros, fabriles, universitarios,
periodistas y estudiantes de secundaria fueron encarcelados y exiliados. Lo que
significó que la resistencia organizada contra la dictadura militar fue
decapitada.
La derrota del movimiento obrero y el campo libre que se
le concedió al gorilismo, para que pasara con facilidad a la ofensiva, hondó
sus raíces en la falta de una dirección nacional debidamente organizada y la
falta de una participación más activa en la planificación de la huelga por
parte de las organizaciones de izquierda, desaprovechando así la rica
experiencia que existía al respecto en las filas mineras. Por cuanto ni la
FSTMB, ni los sindicatos distritales, ni los partidos políticos, pudieron
desarrollar la labor de preparar las condiciones necesarias para lanzarse a la
huelga y prever cualquier intento de arremetida militar; por el contrario, fue
el gorilismo que, con mayor rapidez y eficacia, preparó sus planes para hacer
fracasar la huelga, que fue una de sus prioridades y la punta de lanza para
demostrar que todavía ellos tenían el control de la situación política en el
país.
En síntesis, el gobierno antiobrero pasó a la arremetida
y obligó a los trabajadores a retroceder. Se había consumado una derrota del
sindicalismo, aunque no hubo baño de sangre, circunstancia que determinó las
características del retroceso que siguió a las jornadas de junio.
De ahí que la realidad concreta, en la cual se agitaba el
pueblo boliviano, daba a entender que su caudillo natural, el proletariado
minero, aún necesitaba forjar su condición subjetiva, expresada en su
organización político-sindical, capaz de materializar la revolución socialista,
junto a las capas empobrecidas del campo y las ciudades. Quedó demostrado
también que, mientras no se lograra forjar la palanca de transformación
revolucionaria, se seguirían sufriendo amargas derrotas y se seguirían frenando
las posibilidades de establecer un gobierno obrero respaldado por las mayorías
nacionales.
La huelga nacional minera de 1976, debido a la falta de
mejores condiciones objetivas y subjetivas, se vio acorralada por las fuerzas
represivas del gobierno, sufriendo una derrota inminente. Las banderas del
fracaso se agitaron en el campo de batalla, donde la clase obrera se vio
arrinconada por la dictadura militar, que se enfrentó despiadadamente contra la
nación oprimida. Los trabajadores retornaron resignados y cabizbajos a sus fuentes
laborales, pero conscientes de que sufrieron una derrota transitoria, ya que la
victoria final les correspondía a ellos, por ser la vanguardia indiscutible de
las luchas sociales y los protagonistas de la revolución socialista.
