ASCENSO Y DESCENSO DE LA HUELGA NACIONAL 

MINERA DE 1976

El primero de mayo de 1976, un mes antes de la violenta intervención militar a las minas, se realizó el XVI Congreso Nacional Minero en la población de Corocoro del departamento de La Paz. El significativo evento, que marcó un hito en la historia del movimiento obrero boliviano, no sólo tuvo la importancia de ratificar las tesis socialistas de la Central Obrera Boliviana (COB) y reelegir a los dirigentes históricos de la Federación Sindical de Trabajadores de Bolivia (FSTMB), sino también de reflejar el ascenso revolucionario de los mineros y los sectores empobrecidos del país, que, a pesar de encontrarse asolados bajo las bayonetas de la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez, fiel sirviente de los consorcios imperialistas, luchaban en afán de conquistar sus reivindicaciones más elementales y replantearse su misión de sepultureros del sistema de explotación capitalista.

La resistencia de los movimientos populares contra la dictadura tuvo sus primeros brotes de protesta desde el momento en que el gorilismo, mediante un golpe de Estado, desplazó del poder al gobierno progresista de Juan José Torres, el 21 de agosto de 1971, que dejó decenas de muertos y heridos a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Inmediatamente después, el nuevo régimen arremetió brutalmente contra los partidos de izquierda, los sindicatos obreros, las organizaciones campesinas, estudiantiles y otras, obligándolos a someterse a la dura vida clandestina. Sin embargo, a los pocos meses de la asonada militar, el pueblo, a la vanguardia de los indómitos mineros, volvió a reorganizarse en sindicatos y comités de base, con la intención de ganar las calles y poner en marcha sus reivindicaciones inmediatas, aunque, de cuando en cuando, en el seno de los movimientos populares se generaban actitudes espontáneas de violencia, expresando su más airado repudio contra el gorilismo encaramado en el poder.

De modo que el gobierno, debido a la tensa situación política que vivía el país y a la crisis latente en el interior de las Fuerzas Armadas, no tuvo más alternativa que aplicar medidas antiobreras y antinacionales. Así fue que en noviembre de 1974, los decretos tenían el propósito de justificar la sañuda persecución desencadenada contra los opositores políticos de la dictadura militar. Las organizaciones políticas y sindicales fueron declaradas en receso, en tanto la ciudadanía fue sometida al Servicio Civil Obligatorio, cuya estrategia consistía en imponer a dirigentes oficialistas bajo el marbete de coordinadores y desconocer a las auténticas direcciones sindicales, arguyendo que éstas estaban manejadas por elementos agitadores y extremistas.

El pueblo boliviano y la clase obrera, a pesar de todo, resistieron heroicamente los rudos golpes asestados por el gorilismo, ya que, al poco tiempo de ser arrasadas sus direcciones políticas y sindicales, se vieron obligados a desarrollar un trabajo de hormigas en procura de reestructurar sus legítimas organizaciones de clase, que venían planteando, desde la aprobación de la Tesis de Pulacayo en 1946,  la necesidad de mantener en toda circunstancia la independencia de clase ideológica, política y organizativa; lo que implicaba que la clase obrera no podía subordinarse a la ideología ni dirección de las otras clases sociales, debido a que el proletariado nacional tenía la facultad de cumplir con sus tareas históricas y convertirse en el caudillo de la revolución socialista.

Por otro lado, el brutal asesinato del ex presidente Gral. Juan José Torres en Buenos Aires, Argentina, precipitó los acontecimientos. La población boliviana responsabilizó de este crimen al régimen militar que, por entonces, estaba trabajando en coordinación con el resto de las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina. En Bolivia se realizaron manifestaciones de protesta  y se pidió la repatriación de sus restos en medio de un descontento popular que crecía como la espuma.

En ese contexto, el XVI Congreso Nacional Minero, realizado en la población de Corocoro los primeros días de mayo, y la posterior huelga general indefinida, que se desarrolló en las jornadas de junio de 1976, fue la máxima expresión del alto grado de conciencia política alcanzada no sólo por los sectores de la minería nacionalizada, sino también por los sectores empobrecidos del campo y las ciudades.

Las demandas y la arremetida militar

Los trabajadores, reunidos en el XVI Congreso Minero de Corocoro, amenazaron al gobierno con una huelga general si no se aumentaba los salarios en el lapso de un mes. Además, exigieron una amnistía general e irrestricta para los presos y exiliados, rechazaron todo tipo de control de las organizaciones sindicales y demandaron que las Fuerzas Armadas desmilitaricen los centros mineros; de lo contrario, en caso de no ser atendidas las demandas salariales y el respeto a las libertades democráticas, la clase obrera iniciaría una huelga general indefinida a nivel nacional.

Los Comités de Base, creados en oposición a los coordinadores elegidos por el gobierno, se encargaron de orientar a los trabajadores en su lucha antifascista; es decir, los elementos políticos más radicalizados se pusieron a la vanguardia para hacer cumplir las demandas socioeconómicas que fueron aprobadas en el XVI Congreso Minero de Corocoro, como el aumento de salarios con escala móvil; rebaja de la jornada a 6 horas; constitución de una Federación Nacional de Comités de Amas de Casa; apoyo al campesinado y a los universitarios en sus reivindicaciones; vigencia de la COB y del fuero sindical, liberación de los presos políticos y retorno de los exiliados.

El gobierno fascista, lejos de atender las demandas de los trabajadores, contraatacó brutalmente. Así fue que el 9 de junio de 1976, las tropas del ejército asaltaron los locales de la FSTMB, donde fueron detenidos los dirigentes y, en algunos casos, fueron inmediatamente exiliados a Chile; los principales campamentos mineros fueron ocupados militarmente y se declaró el estado de sitio en todo el país, que prohibía los congresos, ampliados y las reuniones político-sindicales.

Tras la ocupación militar, en los centros mineros de Siglo XX y Catavi se declaró una huelga general indefinida y los dirigentes se refugiaron en el interior de la mina, mientras los uniformados rastrillan los campamentos. Los ocupantes, a través de las radioemisoras intervenidas, amenazaron con cerrar las pulperías, cortar la electricidad y el suministro de agua.

En el distrito de Siglo XX, en una asamblea de emergencia realizada en la bocamina, se decidió iniciar la huelga general indefinida, según lo acordado en la XVI Congreso Minero de Corocoro y, consiguientemente, se acordó plantear, frente a la sorpresiva ocupación militar de la región, las siguientes demandas: 1) Desalojo de las tropas del ejército de todos los centros mineros. 2) Vigencia de las organizaciones sindicales y devolución de las radios. 3) Inamovilidad de todos los trabajadores de su fuente de trabajo. 4) Libertad de todos los dirigentes y obreros de base detenidos. 5) Aumento de salarios con escala móvil.

En pocos días, la huelga se extendió hacia otras minas nacionalizadas y privadas (incluidas las cooperativas), las fábricas y universidades, mientras en los campamentos se intensificó la represión, multiplicando los rastrillajes y los arrestos de los dirigentes de base, al mismo tiempo que los campesinos oficialistas del norte de Potosí amenazaron con atacar a los mineros, en coordinación con los rompehuelgas y la policía femenina, que puso en su mira el accionar del Comité de Amas de Casa.

El Decreto Supremo del 14 de junio

El gobierno dictatorial, no sabiendo cómo frenar el movimiento huelguístico timoneado por los mineros, se apresuró en lanzar un Decreto Supremo el 14 de Junio de 1976, declarando Zonas Militares a todos los distritos donde se encontraban ubicadas las empresas y establecimientos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), considerando: que, dirigentes mineros extremistas de las empresas dependientes de la Corporación Minera de Bolivia y otros elementos disociadores, obedeciendo consignas foráneas, han creado en el país un ambiente subversivo y de agitación, promoviendo y realizando paros en diferentes minas e incitando o distintos sectores laborales a la huelga general con fines inconfundiblemente políticos; que, es necesario velar por la seguridad de los pobladores en los diferentes centros de la minería nacionalizada; que, es deber del Supremo Gobierno precautelar los bienes de la Corporación Minera de Bolivia, para evitar daños o destrucción de los mismos, ya que constituyen parte del patrimonio del Estado y del pueblo boliviano.

Por lo tanto, en el Consejo de Ministros, se aprobaron los siguientes artículos:

ARTÍCULO 1.- Declárase zonas militares aquellas en las que se encuentran ubicadas las empresas y los establecimientos de la Corporación Minera de Bolivia.

ARTÍCULO 2.- El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Nación, designará a los Comandantes de Zona, fijándoles su Jurisdicción y atribuciones.

ARTÍCULO 3.- Las personas que en las zonas militares declaradas incurrieren en cualquiera de los hechos que a continuación se señalan, quedarán sometidas a la Jurisdicción y a las disposiciones del Código Penal Militar:

1).-Posesión de armas de fuego sin la autorización legal correspondiente.

2).-Empleo de armas de fuego, explosivos, armas blancas, o medios para intimidar, atentar o cometer actos delictivos contra la vida y seguridad de los miembros de las Instituciones encargadas del mantenimiento del orden.

3).-Los que inciten, organicen o formen parte de grupos que atenten o traten de enfrentarse a los miembros de unidades o tropas regulares del orden, o que impidieren el cumplimiento de sus misiones.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Minería y Metalurgia, del Interior, Migración y Justicia y de Defensa Nacional, quedan encargados del cumplimiento y ejecución del presente Decreto Supremo.

Sin embargo, a pasar del Decreto Supremo, los trabajadores y el pueblo en general no se dejaron amedrentar y prosiguieron la lucha de resistencia antifascista. La huelga nacional indefinida, que fue la más larga en la historia del movimiento obrero boliviano, sirvió como un catalizador para medir la correlación de fuerzas entre el gobierno y el pueblo; es más, sirvió también para superar los errores que, algunas veces con mayores o menores aciertos, se cometieron en el seno de la clase obrera, como la falta de condiciones objetivas concretas, calibradas de acuerdo a la correlación de fuerzas existentes entre el grado de organización de los mineros y la capacidad represiva del régimen dictatorial; la mala coordinación de las direcciones sindicales con sus bases en huelga; la falta de mayor planificación; la falta de precaución ante la arremetida fascista, la falta de provisión de alimentos para los huelguistas y sus familias; y la ausencia de fuentes fidedignas de información entre los huelguistas que, acéptese o no, fueron algunos de los factores que no se previnieron en las organizaciones sindicales, hasta el día de la intervención militar a los centros mineros, aunque se abrigaban las esperanzas de que, al calor de la lucha de resistencia, surgieran de manera espontánea y sobre la marcha; cosa que no sucedió, como se tenía pensado, en el terreno de los acontecimientos concretos.

Asimismo, fue notoria la falta de condiciones subjetivas, que garantizaran el buen curso de la ola huelguística; es decir, que en el momento en que la clase obrera pasó a la resistencia contra la arremetida militar no existía la presencia de una dirección sindical fortalecida, que sirviera como timón en el rumbo de los acontecimientos. Por lo tanto, no existía una dirección capaz de movilizar a los obreros hacia la conquista de las reivindicaciones inmediatas, que se condensaban en los siguientes planteamientos: retiro inmediato de las tropas militares acantonadas en los distritos mineros, devolución de las radioemisoras ocupadas, libertad incondicional de los dirigente de la FSTMB y otros detenidos durante la huelga, aumento general de sueldos y salarios, repatriación de los restos del general Juan José Torres, asesinado en Buenos Aires, y el respeto a las libertades democráticas. Tampoco existía una organización política de izquierda capaz de dirigir al torrente popular, acaudillado por el proletariado, hacia la toma del poder y la conquista del socialismo, misión que históricamente debe cumplir el proletariado, independiente de los partidos oligárquicos y pro-imperialistas que, a su turno, demostraron incapacidad para cumplir las tareas democrática-burguesas.

Los errores y la derrota

El movimiento huelguístico de los mineros, sin resquicios para la duda, fue el combate más largo y frenético sostenido contra los opresores de ayer y de siempre. Para los revolucionarios de avanzada, el inicio y desenlace de la huelga, constituyó una gran experiencia de lucha no sólo porque tuvo la capacidad de unificar a la clase obrera, sino también a otros sectores populares, como los fabriles, campesinos, universitarios, amas de casa y estudiantes de secundaria, que acompañaron el incontenible ascenso revolucionario de los mineros.

De otro lado, se advirtió que la huelga podía culminar en una derrota, debido a que no se habían preparado las condiciones necesarias para alcanzar el triunfo. Ya se sabe que la coyuntura política fue favorable para la huelga, aunque no fue debidamente aprovechada por la dirección sindical, por cuanto la arremetida obrera no logró tumbar al gorilismo, sino que, por el contrario, demostró que no poseía la fuerza necesaria para materializar este objetivo tan acariciado. Esto se debió, en gran medida, a que ni los representantes mineros, ni fraternos, hicieron notar, en las sesiones del XVI Congreso realizado en Corocoro, la necesidad de organizar, a la brevedad posible, tanto un Comité Nacional de Huelga como los comités clandestinos.

Nadie advirtió que, en el lapso de tiempo que se le concedió al gobierno para que respondiera al pliego de peticiones, era demasiado larga y que, en cualquier momento, la dictadura militar, con uno u otro pretexto, podía movilizar a sus fuerzas de seguridad y ocupar los distritos mineros, con el objetivo de frenar la huelga que se venía  preparando sin precauciones ni celeridad.

Culminada la huelga, las minas permanecieron bajo el control de las Fuerzas Armadas, centenas de mineros fueron retirados de sus fuentes de trabajo y la dirección de la FSTMB se encontraba en la clandestinidad. Los representantes de los mineros, fabriles, universitarios, periodistas y estudiantes de secundaria fueron encarcelados y exiliados. Lo que significó que la resistencia organizada contra la dictadura militar fue decapitada.

La derrota del movimiento obrero y el campo libre que se le concedió al gorilismo, para que pasara con facilidad a la ofensiva, hondó sus raíces en la falta de una dirección nacional debidamente organizada y la falta de una participación más activa en la planificación de la huelga por parte de las organizaciones de izquierda, desaprovechando así la rica experiencia que existía al respecto en las filas mineras. Por cuanto ni la FSTMB, ni los sindicatos distritales, ni los partidos políticos, pudieron desarrollar la labor de preparar las condiciones necesarias para lanzarse a la huelga y prever cualquier intento de arremetida militar; por el contrario, fue el gorilismo que, con mayor rapidez y eficacia, preparó sus planes para hacer fracasar la huelga, que fue una de sus prioridades y la punta de lanza para demostrar que todavía ellos tenían el control de la situación política en el país.

En síntesis, el gobierno antiobrero pasó a la arremetida y obligó a los trabajadores a retroceder. Se había consumado una derrota del sindicalismo, aunque no hubo baño de sangre, circunstancia que determinó las características del retroceso que siguió a las jornadas de junio.

De ahí que la realidad concreta, en la cual se agitaba el pueblo boliviano, daba a entender que su caudillo natural, el proletariado minero, aún necesitaba forjar su condición subjetiva, expresada en su organización político-sindical, capaz de materializar la revolución socialista, junto a las capas empobrecidas del campo y las ciudades. Quedó demostrado también que, mientras no se lograra forjar la palanca de transformación revolucionaria, se seguirían sufriendo amargas derrotas y se seguirían frenando las posibilidades de establecer un gobierno obrero respaldado por las mayorías nacionales.

La huelga nacional minera de 1976, debido a la falta de mejores condiciones objetivas y subjetivas, se vio acorralada por las fuerzas represivas del gobierno, sufriendo una derrota inminente. Las banderas del fracaso se agitaron en el campo de batalla, donde la clase obrera se vio arrinconada por la dictadura militar, que se enfrentó despiadadamente contra la nación oprimida. Los trabajadores retornaron resignados y cabizbajos a sus fuentes laborales, pero conscientes de que sufrieron una derrota transitoria, ya que la victoria final les correspondía a ellos, por ser la vanguardia indiscutible de las luchas sociales y los protagonistas de la revolución socialista.